Este asunto empezó a colear en mayo de 2009, cuando la regidora de Consumo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Joana Maria Borrà anunció su intención de demandar por la vía judicial a cuatro compañías aéreas de vuelos de bajo coste, entre las que se encuentra Ryanair, tras detectar que empleaban cláusulas al borde de la ley, relativas a la aplicación de suplementos por equipaje; al pago de un extra por el cobro mediante tarjeta de crédito y al hecho de que en caso de conflicto judicial entre la aerolínea y el pasajero, el asunto se debe dirimir en tribunales elegidos por las aerolíneas, ubicados en lugares como Inglaterra, Gales o Hannover.
¿Son abusivas esas cláusulas? ¿O son las que permiten ofrecer esos precios tan cometitivos?
Llama la atención que sea precisamente desde Mallorca desde donde los políticos hayan empezado a cuestionarse la legalidad de estas prácticas, pues es donde tienen uno de los aeropuertos con mayor número de pasajeros de Europa, con montones de vuelos a Palma de Mallorca desde toda Europa operados por compañías de vuelos de bajo coste. En concreto, el Instituto Municipal de Protección al consumidor rue el que requirió a esas cuatro compañías ‘low cost’ para que corrigieran sus cláusulas, con muy poco éxito.
El caso es que en esto días parece que el consistorio de Palma, y el Instituto Municipal de Protección del Consumidor, han dejado en el congelador estas reclamaciones, no porque piensen que no tienen razón, sino por que piensan que dado que el sector de las aerolíneas de bajo coste pasa por un momento muy delicado como para acometer el tema de la legalidad de sus prácticas.
También se han apresurado a señalar, que esto no significa que no continúen incumpliendo la normativa vigente y que no se les vaya a demandar en un futuro.
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