El pasado jueves 10 de junio el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó la creación de una empresa pública de gestión aeroportuaria con la misión de salvar al aeródromo de Ciudad Real de su difícil situación económica, con un número de vuelos insuficiente respecto a lo esperado y cifras importantes de pérdidas. La decisión se tomó con el voto favorable únicamente del PSOE, pues el PP se ausentó.
Y es que la sesión de debate fue agria, tensa, con fuertes enfrentamientos verbales entre los representantes de ambos grupos políticos. La queja del Popular se cimentó en los 140 millones de euros que se entregarán a la sociedad del aeropuerto manchego, dada su situación de probable insolvencia y que el establecimiento de la nueva sociedad le costará a cada ciudadano 70 euros para un proyecto que es “inviable”.
Enzarzados en duras acusaciones mutuas -se oyeron expresiones como “mafia”, “acusar sin pruebas”, “mucha cara” y otras por el estilo-, a la hora de votar el POP abandonó la sala, dejando el proceso en manos exclusivamente del PSOE, que lo aprobó.
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