El cambio de poder en el ejecutivo de Inglaterra ha supuesto la aplicación de las primeras medidas en materia de aviación para desmontar los proyectos del gabinete anterior. El caso más claro es la reforma del aeropuerto londinés de Heathrow, que ya no se llevará a cabo. Dicha reforma, diseñada en 2003, consistía en la construcción de una tercera pista y otra terminal, la sexta, para incrementar un 20% la capacidad del complejo cuando se inaugurara, allá por 2020, con la intención de competir con ventaja frente los demás aeródromos europeos.
Sin embargo es tiempo de ajustes, como lo prueban los casos griego, español y portugués, y el nuevo Gobierno de coalición entre los conservadores de Cameron y los liberal-demócrátas de Clegg hizo público la semana pasada que suspendía el proyecto para contener el déficit. La intención es reducir el gasto público ahorrando 6.000 millones de libras (7.020 millones de euros) este mismo año.
Pero no es ésa la única causa. Lo cierto es que los gestores de Heathrow, la empresa BAA filial del grupo español Ferrovial, tuvieron una dura oposición desde el principio por parte de grupos ecologistas, el alcalde de Londres y los municipios de los alrededores. Todos ellos estaban en contra a causa del previsible aumento de emisiones de CO2, del ruido de los aviones al despegar y aterrizar e incluso los atascos de tráfico de la red viaria.
El primer aeropuerto de Londres no será el único que se quede como está. Se le unen Gatwick y Stansted, cuyas instalaciones utilizan habitualmente las aerolíneas de vuelos de bajo coste y que también tenían esperanzas de ampliación.
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